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Los trabajadores indocumentados de California tienen un aliado: el Estado

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Davis, CA: A pocas semanas de la inauguración del presidente electo Donald J. Trump, el destino de los trabajadores indocumentados en California sigue siendo incierto si el Sr. Trump decide cumplir sus promesas de campaña y las convierte en políticas reales una vez se instale en la Oficina Oval. La reciente postura del Sr. Trump sobre la instalación de una planta de fabricación en México por Ford Motor Co. resultó en la cancelación de dicha construcción cuando Trump insinuó fuertemente que Ford enfrentaría impuestos masivos por traer carros construidos en México a través de la frontera hacia Estados Unidos.

Los trabajadores indocumentados en los Estados Unidos han soportado la mayor parte de la posición pro-estadounidense de Trump. Esto es especialmente preocupante para California, dado el gran número de trabajadores indocumentados en el estado y la importancia que tienen para la economía de California. California ya ha emitido declaraciones apoyando a sus trabajadores indocumentados, y su valor para la salud financiera del estado. Sin embargo, la Administración Trump sigue siendo una amenaza inminente si las promesas de campaña se llevan a cabo.

Dicho esto, Kevin R. Johnson, decano de la Universidad de California, Davis School of Law y Mabie-Apallas Profesor de Derecho de Interés Público y Estudios Chicanos, escribiendo en The Sacramento Bee (27/11/16) afirmó que una deportación masiva de trabajadores indocumentados está llena de obstáculos legales.
Con respecto a la promesa de la campaña del presidente electo Trump de capturar y deportar de dos a tres millones de inmigrantes indocumentados, centrándose en los delincuentes, existe alguna duda de si ese esfuerzo se limitará a los culpables de crímenes mayores o abarcará a cualquier indocumentado detenido incluso por una infracción menor.

La revista Sacramento Bee hizo referencia a la investigación que sugiere que los inmigrantes indocumentados son, de hecho, más respetuosos de la ley en general que sus homólogos nacidos en Estados Unidos.

Las incursiones en el lugar de trabajo, similares a un esfuerzo realizado durante la administración de George W. Bush en 2008, podrían ser etiquetadas con reclamos de violaciones de derechos civiles contra trabajadores. Eso es lo que sucedió cuando la fábrica de Agriprocessors Inc. ubicada en Postville, Iowa, fue allanada y cerca de 400 trabajadores inmigrantes fueron arrestados.
También se ha hablado, de acuerdo con The Bee, de promulgar una legislación que requiera que todos los empleadores hagan uso de la base de datos de E-Verify, un esfuerzo federal para la verificación de empleados que es estrictamente voluntario. Ha habido propuestas del equipo de transición de Trump para que el uso de E-Verify se haga obligatorio. La base de datos, según diversas fuentes, es propensa a errores. Ha habido algunos casos en los que los trabajadores han sido despedidos por su empleador, a pesar de que legalmente tienen derecho a trabajar en los EE.UU.

Finalmente, Kevin R. Johnson afirma, en los comentarios que aparecen en The Bee, que cualquier final al llamado proceso de detención "catch-and-release" podría resultar en demandas de trabajadores indocumentados en California. En la actualidad, los trabajadores detenidos por falta de documentación son elegibles para la liberación mediante la colocación de bonos. Poner fin a la práctica de la "vinculación hacia fuera" podría atrapar a un trabajador indocumentado de California en un bucle legal, y dejarlo en una custodia que podría durar incluso años, dado el enorme retraso de casos actualmente experimentados por los tribunales de inmigración.

Tal práctica podría aumentar la probabilidad de demandas de trabajadores indocumentados, cuyas resoluciones podrían tomar años.

dos por sus contribuciones a la economía del estado.

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